Amnistía Internacional presentó 35.000 firmas pidiendo que no se aprobara el Real Decreto-Ley que reformaba la sanidad, y advirtió que "dificulta el "acceso" a
la salud de "colectivos importantes" que representan a miles de
personas y, por ello, ha demandado la publicación de datos sobre el
"impacto" que tendrán estas medidas en los grupos vulnerables, como
inmigrantes, mujeres embarazadas y mayores de 26 años"
Una treintena de organizaciones cristianas se están
movilizando contra la nueva norma que expulsa del sistema normalizado a 150.000
personas. Han criticado duramente la reforma del Gobierno, que consideran
“inmoral e injusta”. Algunos la definen incluso como “un apartheid sanitario”. Afirman
que: “Es una medida discriminatoria que elimina derechos básicos a uno de los
colectivos más vulnerables, las personas en situación irregular”.
La Conferencia Episcopal no se pronuncia sobre la
exclusión y supongo que, como siempre, dirá que: “no se mete en política”. El
día que se manifiesten estos obispos, que
tenemos, defendiendo a los pobres sabremos que, por fin, no se meten en
política, sino que siguen a Jesús.
Cáritas, la organización solidaria de la Iglesia,
esbozaba hace unos días esos riesgos en un comunicado, en el que alertaba de
que la reforma sanitaria puede aumentar la “estigmatización social” de los
inmigrantes. “Alimenta un discurso reduccionista y lleno de riesgos, según el
cual las personas migrantes que conviven y forman parte de nuestras comunidades
son los responsables del deterioro socioeconómico actual”. El comunicado no le
firman los obispos.
“La reforma niega un principio básico de humanidad en
el que siempre ha insistido la doctrina social de la Iglesia”, afirma la
asociación Juventud Obrera, que junto a la Hermandad Obrera de Acción Católica,
se ha movilizado contra el texto. Y cita una pastoral y un documento de acción
aprobado en 2007 por la Conferencia Episcopal: “Para la Iglesia, el emigrante,
independientemente de la situación legal, económica, laboral, en que se halle,
es una persona con la misma dignidad y derechos fundamentales que los demás, es
un hijo de Dios (…) El inmigrante no es una fuerza de trabajo, sino una
persona”.
Una reación muy positiva y valente es la del Colegio de Médicos de Las Palmas, cuyo presidente Pedro Cabrera, ha
asegurado hoy a Efe que este colectivo no dejará de prestar la
asistencia que requieran los inmigrantes en situación irregular en
España, pese a lo que establece la reforma sanitaria impulsada por el
Gobierno.
Cabrera ha subrayado que, desde un punto de vista ético,
el colectivo de médicos al que representa no puede negar la asistencia
"a nadie", "sea ciudadano español, extranjero comunitario o
extracomunitario, o extranjero legal o ilegal".
