En el Real Decreto que regula la condición de asegurado y beneficiario a
efectos de la asistencia sanitaria en España, publicado en el Boletín Oficial
del Estado el pasado 4 de agosto se establecía que el 31 de este mes de Agosto los emigrantes sin
papeles quedarán sin tarjeta sanitaria y solo podrán ir a urgencias. Quedan
descartados de esta norma los
menores de 18 años y las mujeres embarazadas.
Muchos profesionales de la sanidad, más de 800 médicos en estos momentos han manifestado ya su intención de
acogerse a la objeción de conciencia
y seguir atendiendo a los inmigrantes irregulares. La Sociedad Española de
Medicina de Familia y Comunitario (semFyc) puso en marcha el pasado mes de
julio un registro para que los médicos que lo desearan pudieran objetar contra
este decreto que le consideraban injusto, muy peligroso para la salud pública
y que está en contra su deber ético
profesional que no les permite abandonar
a sus pacientes.
 |
| A los 700€ hay que sumar las medicinas |
Cuatro
comunidades autónomas, Andalucía, Asturias, Cataluña y País Vasco han anunciado
que atenderán a todo el mundo en sus consultas.
Las ONG SOS
Racismo y Médicos del Mundo han presentado este jueves,
en nombre de otras muchas, un escrito en
el Registro del Parlamento autónomo de Aragón en el que señalan que "la crisis económica, a pesar de su
crudeza, no puede ser excusa para vaciar
de derechos a las personas migrantes, con lo que ello conlleva de fractura
en los principios de universalidad e igualdad que deben presidir el acceso a
derechos fundamentales", y que este
Real Decreto “dejará a las personas inmigrantes en situación administrativa
irregular y a los comunitarios sin medios económicos acreditados sin acceso al
sistema sanitario público". Cáritas Española a través de uno de sus
portavoces ha afirmado que supondrá un retroceso a los años 50 y que la medida
deja en una situación muy extrema a los
inmigrantes y a las organizaciones que les atienden.
Pero el
gobierno sigue con su propósito hacia delante y exige que los extranjeros sin
papeles tengan que abonar 710 euros al año para recibir asistencia en la
Sanidad pública, y la cifra se duplicaría hasta los 1.864,80 anuales en el caso
de los mayores de 65 años. Cualquiera, que trate con estas personas afectadas y
conozca la terrible situación por la que están pasando, sabe que es de todo
punto imposible que dispongan de esa cantidad. El gobierno sabe perfectamente
que esto sucederá pero pretende lavar la cara de la medida diciendo que él ya
ha dado una solución y relacionando esto con el turismo sanitario que es otro
problema muy diferente..
Por esta
vez el PP no ha dejado duda sobre las razones por las que toma esta decisión. Su
portavoz en el congreso ha expuesto con toda claridad la razón de esta medida: "los inmigrantes ilegales lo que tienen que hacer es entrar
legalmente en España. Este país no puede seguir soportando ser el escenario
principal de la inmigración ilegal, de la entrada de inmigrantes ilegales del
conjunto de la UE y en esto coincido con algunas reflexiones que hicieron en el
seno del anterior gobierno". En su opinión, "los inmigrantes ilegales lo que tienen que hacer es volver a
sus países. Dicho esto, ninguna persona que esté en nuestro país, sea
inmigrante ilegal o legal, va a quedar exento de la atención sanitaria de
urgencia y eso es muy importante", ha apostillado.
O sea que
con el pretexto de ahorrar toman una medida
social y política que defendían y exigían durante años cuando estaban en
la oposición. Esta claro que el tufillo racista y de explícita discriminación
del sector neoliberal y de extrema derecha inspira muchísimas de las medidas
que por suerte para ellos les exigen sus
correligionarios europeos. El presidente de Extremadura confirma que esta
conclusión es cierta al decir que “Los médicos que objeten la medida lo que tienen que hacer es pagar el
costo del servicio que están prestando en contra de la norma” Como siempre los
del PP piensan en términos de caridad y no de justicia.
